La represión estatal en Cuba alcanza niveles alarmantes según el más reciente informe del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), que documenta 144 violaciones en el mes de junio a estos derechos fundamentales, la cifra más alta del año.
El informe evidencia un crecimiento sostenido en la escalada represiva por parte del régimen cubano, superando los 143 casos reportados en mayo, los 112 en abril y los 96 en marzo, dijo la organización en un comunicado.
Los datos recopilados por el ICLEP revelan un patrón sistemático de violaciones, entre ellas, ataques, amenazas y agresiones psicológicas (56 casos), detenciones arbitrarias (48), usos abusivos del poder estatal (23), restricciones en el espacio digital (8), agresiones físicas (8), reclusión (1).
Según el informe, las principales entidades estatales implicadas en estos hechos represivos fueron la Seguridad del Estado (responsable de 62 incidentes), la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), el sistema penitenciario y el Ministerio de Educación Superior, convertido en un actor clave en la vigilancia y sanción de estudiantes que han expresado su descontento con el reciente tarifazo impuesto por el monopolio estatal de las telecomunicaciones, ETECSA.
Al respecto, el ICLEP denunció en el reporte la represión en universidades, con más de 10 centros de educación superior en el país bajo vigilancia y medidas disciplinarias contra estudiantes críticos.
Represión nacional y víctimas diversas
El alcance geográfico de los hechos represivos se extendió en junio a 13 de las 15 provincias del país, lo que confirma el carácter estructural, planificado y no incidental de la represión, denunció la ONG.
Las víctimas documentadas por el ICLEP incluyen a 14 activistas, 13 presos políticos, 9 periodistas independientes, 14 ciudadanos sin afiliación disidente, tres opositores políticos, dos directores de medios de comunicación y un líder religioso.
En cuanto a la distribución por género, 30 hombres (53.6%) y 26 mujeres (46.4%) fueron víctimas de estos abusos.
Entre los principales casos del mes, el ICLEP destacó el tarifazo de ETECSA como una nueva barrera económica que limita el acceso a la libertad de expresión digital. También mencionó el hostigamiento a Yunia Figueredo Cruz, directora del medio independiente Amanecer Habanero, quien ha sido objeto de citaciones policiales y amenazas por parte de la Seguridad del Estado.
Incluyó, además, las detenciones arbitrarias de los periodistas Henry Constantín Ferreiro y Jorge Fernández Era, por ejercer su labor o planificar protestas pacíficas, y las "amenazas extraterritoriales" contra el comunicador Armando Campuzano, actualmente residente en Canadá.
Más allá de las violaciones directas a la libertad de prensa y expresión, el ICLEP documentó la vulneración sistemática de derechos fundamentales como las libertades de reunión pacífica y de movimiento, y los derechos a la integridad y seguridad personal, al debido proceso, y a la comunicación de las personas privadas de libertad.
Ante el agravamiento de la situación, el ICLEP hizo un llamado urgente a la comunidad internacional, organismos de las Naciones Unidas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, para que exijan al Estado cubano el cese inmediato de estas violaciones y el respeto a los compromisos adquiridos en tratados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de Derechos Humanos.
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