En el Museo Americano de la Diáspora Cubana, ubicado en Miami, se realizó este viernes un acto recordatorio a las protestas del 11 de julio y la inauguración de una exposición relacionada con la fecha.

Un panel integrado por líderes de las organizaciones del exilio, políticos cubanoamericanos, ex presos políticos de diferentes generaciones así como madres, hermanos, familiares y representantes de los jóvenes arrestados tras las masivas manifestaciones, expusieron las memorias de aquella jornada, la represión desatada por el régimen y el apoyo del exilio a los que salieron a las calles.

Miguel Cossío, director Ejecutivo del museo, fue el maestro de ceremonia. Las palabras para iniciar las actividades estuvieron a cargo de Marcell Felipe, presidente del MADC y fundador de Inspira America.

Mensajes grabados de los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez y María Elvira Salazar fueron presentados en el acto, así como de la congresista Debbie Wasserman Schultz, y el senador federal Rick Scott.

Oficiales electos como el comisionado de Miami, Joe Carrollo, la supervisora de elecciones, Alina García, el recolector de Impuestos del Condado Miami-Dade, Dariel Fernández, y el ex alcalde de Hialeah, Esteban Bovo, participaron en el evento.

Desde Cuba varios activistas y familiares de presos políticos enviaron sus mensajes. Entre ellos, la doctora Nelva Ismaray Ortega, esposa del líder opositor José Daniel Ferrer y el activista y politólogo cubano Manuel Cuesta Morúa.

Luis Enrique Ferrer, hermano de José Daniel, pidió a las organizaciones que apoyen un Pacto de Respeto para combatir a la dictadura con mayor efectividad. Por su parte, Rafael Montalvo, presidente de la Brigada 2506, se refirió a la necesidad de coordinar esfuerzos entre las organizaciones del exilio para identificar a los represores del régimen.

Al final de la actividad, Ray Anthnoy, representante de la Senadora federal Asheely Moody, leyó una proclama senatorial recordando la fecha y expresando su apoyo al pueblo y al exilio cubano.

Recientemente en Cuba ocurrió algo inusual: los estudiantes de la Universidad de La Habana comenzaron a protestar. Su demanda no era por libertades políticas ni un cambio de régimen, sino por algo tan básico como una conexión a internet asequible.

Hambriento de divisas, el gobierno cubano anunció a finales de mayo un nuevo esquema tarifario para los datos móviles. ETECSA, la empresa estatal que ostenta el monopolio de las telecomunicaciones, incrementó los costos de conectividad, limitando inicialmente a los cubanos a un solo paquete de datos mensual (ajustes parciales fueron introducidos en junio tras el rechazo generalizado). Para tener acceso ampliado, los usuarios tendrían que pagar nuevos planes en dólares estadounidenses, muy por encima de lo que la mayoría puede costear. Para los estudiantes cubanos, que ya sobreviven con lo justo, el acceso a internet se convirtió de pronto en un lujo.

Los estudiantes de la Universidad de La Habana comenzaron a organizarse. En las facultades de Matemática e Informática, convocaron a una huelga académica. Otros celebraron reuniones y utilizaron chats grupales para coordinar una respuesta unificada. Algunos pidieron paros estudiantiles. Otros instaron a las autoridades universitarias a apoyar a los alumnos. Incluso unos pocos hablaron abiertamente con la prensa extranjera, algo casi inaudito en Cuba. Sus exigencias no eran revolucionarias, pero sí claras: eliminar el esquema de precios en dólares y restablecer un acceso equitativo a internet.

En cuestión de días, agentes de la Seguridad del Estado se presentaron en el campus. Las aplicaciones de mensajería comenzaron a ralentizarse. La universidad reafirmó su lealtad al Partido Comunista de Cuba. Era el mismo guion que el régimen ha seguido durante décadas, pero esta vez, menos estudiantes retrocedieron. Esta es la toma de conciencia de una generación. Un rechazo a aceptar la exclusión, la censura y el castigo económico como el precio por ser joven y emprendedor en Cuba.

Cuando los estudiantes se levantan contra un régimen que controla desde los planes de estudio hasta las señales de celular, no están simplemente pidiendo acceso más barato a WhatsApp, Google y Facebook. Están pidiendo respirar intelectualmente: pensar, cuestionar y hablar sin miedo.

En la Cuba donde crecí, bajo la tiranía de Fidel Castro, los estudiantes no podían cuestionar. Se esperaba que repitieran consignas. Alabar al Partido Comunista era rutina. Las universidades no existían para desafiar al sistema, sino para validarlo.

Durante mucho tiempo, esa fórmula pareció funcionar. Por eso estas protestas actuales son tan significativas. Hacen eco de un día que todos los cubanos recuerdan: el 11 de julio de 2021, cuando decenas de miles salieron a las calles en ciudades y pueblos de toda la isla. Exigían comida, electricidad, medicinas... y libertad. Muchos eran jóvenes. Fueron recibidos con toletes, balas y sentencias de prisión. Cientos siguen tras las rejas hasta hoy.

El miedo ha sido la herramienta más poderosa del régimen cubano. Durante décadas, logró silenciar incluso a los ciudadanos más íntegros. Pero el miedo pierde su fuerza cuando la gente se da cuenta de que ya vive sin nada que perder. Esa comprensión es la que da lugar a actos de valentía pública. Y eso es lo que estamos viendo ahora.

Estamos empezando a ver cómo se repite la misma historia en otras autocracias del mundo. En Irán, tras la muerte de Mahsa Amini en 2022, las mujeres jóvenes lideraron protestas masivas en todo el país. En China, los estudiantes alzaron hojas en blanco como un acto de desafío silencioso a la censura durante la pandemia. En Venezuela, los estudiantes tomaron las calles mientras su país colapsaba. Ahora en Cuba, nuevamente son los jóvenes quienes dicen “basta”.

El régimen cubano aún habla de “igualdad”, pero solo en abstracto. Esta política de internet revela su verdadera naturaleza. Es un bozal digital. Separa a quienes pueden permitirse hablar de quienes no pueden. No se trata de acceso, sino de control. Y los jóvenes están resistiendo cada vez más al autoritarismo.

Muchos jóvenes cubanos no están alzando la voz en protesta. En cambio, están haciendo las maletas. Entre 2022 y 2023, más de un millón de cubanos abandonaron la isla, la mayoría con destino a Estados Unidos. Es la mayor ola migratoria en la historia moderna de Cuba. Algunos eran disidentes políticos u organizadores, pero la mayoría eran jóvenes comunes que simplemente habían perdido la esperanza. Ya no creían que su futuro pudiera construirse en Cuba. Ese es el juicio más condenatorio que cualquier régimen puede enfrentar.

Pasé años en prisión en La Habana por decir la verdad. Sé lo que cuesta y lo que restaura. Estos estudiantes nos recuerdan que la libertad no se concede: se conquista, a menudo con gran riesgo personal. Incluso en la oscuridad, la verdad espera su momento.

El régimen todavía controla las armas y las ondas de radio. Pero ha perdido algo mucho más poderoso: la imaginación de su juventud. Su desafío no es solo una afrenta al régimen: es un espejo frente al mundo libre. La rebelión ya está en marcha, silenciosa pero firme, desde La Habana hasta Teherán. Lo que queda por preguntarse es quién tendrá el valor de respaldarla.

Este artículo fue publicado originalmente en la edición impresa del viernes 11 de julio de 2025 en The Wall Street Journal. Martí Noticias lo reproduce con autorización del autor.

El gobierno de Estados Unidos anunció este viernes sanciones directas contra Miguel Díaz-Canel, gobernante designado de Cuba y primer secretario del Partido Comunista, por su responsabilidad directa en graves violaciones a los derechos humanos, especialmente en el contexto de las protestas populares del 11 de julio de 2021.

Las sanciones se hacen públicas en el cuarto aniversario de las protestas, una fecha emblemática para el exilio cubano y para quienes exigen justicia por los cientos de presos políticos que continúan en las cárceles.

Junto a Díaz-Canel, también fueron sancionados el ministro de Defensa, Álvaro López Miera, y el ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas. A los tres se les prohíbe ingresar a territorio estadounidense, al igual que a sus familiares inmediatos.

Una sanción que marca un antes y un después

Aunque Díaz-Canel ha sido durante años el rostro visible del régimen, hasta ahora había escapado a sanciones personales. Ni siquiera durante el mandato anterior de Donald Trump fue incluido entre los designados.

Esta decisión del Departamento de Estado marca un punto de inflexión en la política estadounidense hacia Cuba, ahora encabezada nuevamente por el presidente Trump en su segundo mandato.

La medida se enmarca en una disposición del presupuesto del Departamento de Estado para 2025, que permite negar visas a funcionarios extranjeros implicados en corrupción o violaciones de derechos humanos.

El castigo a Díaz-Canel podría impedirle asistir a eventos internacionales, como la Asamblea General de la ONU, a la que acudió en 2018 y 2023 acompañado de su esposa, Lis Cuesta.

Su mandato está previsto hasta 2028, pero su aislamiento diplomático podría comenzar a crecer tras esta medida.

En 2021, el actual presidente Joe Biden ya había incluido a López Miera en la lista de nacionales especialmente designados (SDN) por su papel en la represión del 11J. Álvarez Casas también fue sancionado por la administración Trump bajo la Ley Global Magnitsky.

Nuevas restricciones a hoteles del régimen

Junto a las sanciones personales, el Departamento de Estado incluyó 11 hoteles en la lista de alojamientos prohibidos, entre ellos propiedades de lujo en La Habana vinculadas al consorcio militar GAESA, como la “Torre K”, lo que refuerza la presión sobre las fuentes de ingreso del régimen.

Además, jueces y carceleros implicados en abusos contra manifestantes también han recibido restricciones de visa, aunque sus nombres no fueron revelados.

El costo humano de la represión

Organizaciones como Justicia 11J reportan más de 1.500 detenciones por las protestas del 11 de julio de 2021. Pese a un acuerdo con el Vaticano y la administración Biden para liberar a 553 presos en la isla, solo 212 presos políticos fueron excarcelados. Algunos, como José Daniel Ferrer, Félix Navarro y Donaida Pérez Paseiro, han sido arrestados nuevamente.

“El régimen sigue torturando a Ferrer. Exigimos pruebas de vida y la liberación de todos los presos políticos”, exigió este viernes el secretario de Estado, Marco Rubio, en su cuenta de X.

Los informes de Human Rights Watch y del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas revelan una crisis humanitaria dentro del sistema penitenciario cubano: muertes por desnutrición, tortura, falta de atención médica y epidemias sin tratamiento.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pidió pruebas de vida del líder opositor José Daniel Ferrer, quien lleva más de dos semanas en huelga de hambre en la cárcel de Mar Verde, en Santiago de Cuba.

"El régimen cubano continúa torturando al activista prodemocracia José Daniel Ferrer. Estados Unidos exige pruebas inmediatas de vida", escribió Rubio en X.

En su mensaje, el político cubanoamericano pidió también la liberación de todos los presos políticos.

Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), ha sido víctima de al menos siete golpizas severas desde que comenzó la huelga, según denuncian sus familiares.

“Exactamente siete severas palizas ha recibido José Daniel Ferrer en 14 días de huelga de hambre, a media paliza por día. Esto es absolutamente execrable y detectable”, dijo el martes en un video Manuel Cuesta Morúa, portavoz del Consejo para la Transición Democrática.

La organización Amnistía Internacional instó esta semana también al régimen de La Haban a liberar a Ferrer.

Ferrer fue excarcelado en enero pasado tras conversaciones entre el régimen y el Vaticano pero las autoridades le revocaron la libertad condicional a inicios de mayo.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) presentó, este miércoles, ante la Relatora Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, una denuncia y acción urgente en favor del prisionero político. Una petición similar se envió a la Representante Especial de derechos humanos de la Unión Europea (UE).